Los beneficiarios de la ley son personas cuyo padre o madre fuera español o cuyos abuelos perdieron o se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad debido al exilio en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En ese periodo, de Asturias salieron hacia América Latina más de 27.000 personas, la mayor parte con destino a Argentina y Venezuela, seguidos de México y Cuba. En el caso de los cubanos la obtención de la nacionalidad española sería una vía para poder abandonar el país, evitando de las restricciones que el régimen de Raúl Castro impone para salir de la isla.
El Gobierno de España calcula que son en total unos 500.000 los descendientes de españoles en el exilio, repartidos especialmente por Argentina, Cuba, México, Venezuela Uruguay, Chile, Colombia, Rusia y Francia. De ese medio millón de personas, los asturianos serían, entre hijos y nietos, el 7,5 por ciento. La Asociación de Descendientes del Exilio ha pedido al Gobierno que los familiares de exiliados republicanos que aspiren a la nacionalidad española no tengan que jurar o prometer fidelidad al Rey, como exige el Código Civil, para conseguir ser españoles. García cree que esa condición es una “coacción ideológica”.